Las entidades de la discapacidad intelectual, al límite de su sostenibilidad

Plena inclusión Aragón se suma a la petición lanzada esta semana por CERMI Aragón al Ejecutivo autonómico para la búsqueda de soluciones a los graves problemas a los que se enfrenta el Sistema Público de Servicios Sociales.

Plena inclusión Aragón, como representante mayoritario del sector de apoyo a la discapacidad intelectual, del desarrollo y sus familias en la comunidad autónoma, apoya las reivindicaciones de las entidades sociales de atención a las diferentes discapacidades, agrupadas en torno al Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en Aragón (CERMI Aragón). Estas organizaciones sin ánimo de lucro, que prestan los servicios y apoyos reconocidos como derechos en el Sistema Público de Servicios Sociales de Aragón, experimentan una situación límite en su sostenibilidad debida a su estado financiero.

Esta situación viene propiciada por el aumento de los precios de la energía, el transporte y la alimentación, o por los incrementos del salario mínimo interprofesional (SMI) y de un IPC disparado por encima del 7%, con el consiguiente aumento de gasto en funcionamiento, suministros y proveedores. A ello se sumará la subida de los salarios de sus plantillas cuando entre en vigor el nuevo convenio colectivo del sector, actualmente en fase de negociación.

Una de nuestras reivindicaciones principales es el incremento del precio de las plazas de centros asistenciales del Sistema Público de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón, ya que el Ejecutivo autonómico solo ha se ha comprometido a subir el 2% a partir del 1 de julio de este año, lo que supone un aumento real del 1% anual.

Cabe destacar que entre el 65 y el 70% de los y las trabajadoras de las entidades de atención a la discapacidad intelectual cobran el SMI o poco más. Y que, durante estos dos años de pandemia, han demostrado ser esenciales para el cuidado de uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Su retribución salarial ya es bastante ajustada, por lo que el sector no puede permitirse perder buenos profesionales, ni que estos pierdan poder adquisitivo. Es de justicia.

De este modo, de aplicarse solo este incremento, las entidades no podrán atender a las personas con la calidad que requiere el Sistema Público de Servicios Sociales, y tendrán que hacer frente a una situación financiera insostenible provocada por los datos mencionados con anterioridad. Todos estos motivos llevan al sector de atención a la discapacidad intelectual y del desarrollo, junto con el resto de entidades representadas por CERMI Aragón, a seguir reclamando un aumento del precio por plaza, y a exigir el compromiso de la Administración pública para lograr una financiación suficiente y acorde a los precios y salarios actuales de dicho sistema, cuyo fin primordial es atender a las personas con discapacidad.

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