El Tribunal Supremo obliga a las compañías telefónicas a entregar las condiciones de contratación, previamente y por escrito, aunque el contrato se realice por teléfono

Las operadoras de telefonía deben entregar al consumidor, con carácter previo  y por escrito, las condiciones generales de contratación cuando hayan sido  solicitadas expresamente, aun cuando se trate de contrataciones realizadas de  forma telefónica.

La entrega de las condiciones generales puede hacerse tanto en formato papel, email o mediante sistemas de mensajería instantánea como SMS o WhatsApp.

La sentencia del Tribunal Supremo busca proteger, de esta manera, a los usuarios finales en los procesos de alta en servicios de telefonía, particularmente a los que
viene a llamar inmigrantes digitales, aquellos que han adquirido familiaridad con los sistemas digitales en la edad adulta y no cuentan con las habilidades o los medios para  acceder a las condiciones generales de los contratos de telefonía de manera  telemática.

Esta decisión obliga, por tanto, a las compañías de telefonía a facilitar por escrito las  condiciones de los servicios ofertados, aún cuando la contratación se realice de  manera telefónica, siempre que la persona usuaria así lo solicite. El envío de las  condiciones puede realizarse tanto en papel como mediante mensajería instantánea (WhatsApp, SMS) o correo electrónico.

El Tribunal Supremo estima, así, un recurso de la Junta de Andalucía contra un fallo  del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía favorable a Vodafone

La sentencia 839/2021, 14 de junio del Tribunal Supremo estima así el recurso de  casación interpuesto por la Junta de Andalucía contra un fallo del Tribunal Superior de Justicia, de 22 de mayo de 2019, relativa a una serie de sanciones a la compañía  Vodafone, por no entregar por escrito las condiciones generales de la contratación que  habían sido solicitadas con carácter previo a la contratación.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aceptaba las argumentaciones de  Vodafone, al entender que la contratación a distancia no exige facilitar al  cliente/usuario la información por escrito si la pide.

El Tribunal Supremo con esta sentencia expone que el Preámbulo del Real Decreto  899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la Carta de derechos del usuario de  los servicios de comunicaciones electrónicas insiste en la necesaria protección de los  usuarios finales en los procesos de alta y en el catálogo de derechos del usuario.

“Por ello, aun siendo notorio que hoy día se realizan múltiples contrataciones  telefónicas o a distancia con remisión a páginas de internet para conocer las
condiciones generales de contratación, también es cierto, como sostiene la Junta de  Andalucía, que existen usuarios de servicios de comunicaciones electrónicas de  diversas características”, argumentan los magistrados del Tribunal Supremo.

Una medida que protege particularmente a los inmigrantes digitales.

Así, la sentencia destaca que “si bien los usuarios conocidos como nativos digitales,  que han crecido con la red y el progreso tecnológico, están totalmente familiarizados  con ella no acontece lo propio con los llamados inmigrantes digitales, es decir aquellos
usuarios que han adquirido familiaridad con los sistemas digitales en su época adulta. Y como esgrime la Junta de Andalucía puede haber usuarios carentes en absoluto de  habilidad o de medios para acceder a las condiciones generales publicadas de manera  telemática”.

De esta forma, tal y como prevé la Carta de los Derechos del Usuario en relación con  los servicios de comunicaciones electrónicas, se deben facilitar por escrito las condiciones generales de contratación antes de la celebración del contrato, siempre  que se pida de manera expresa. Todo ello sin que la precontratación a distancia o telefónica altere la naturaleza del futuro contrato, tal y como regula, con carácter general, el apartado sexto del artículo 98 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

“Y, de no hacerlo, como aquí aconteció, puede la empresa de telecomunicaciones ser  sancionada”, explica la sentencia.

En ese sentido, recuerda el Tribunal Supremo que “debe tenerse en consideración que  cuando la norma dice `por escrito` tanto comprende el tradicional formato papel  enviado a domicilio, como los más novedosos WhatsApp o cualquier otro sistema de mensajería instantánea, SMS, o un correo electrónico. De lo que se trata es de que si el usuario final demanda un texto escrito individualizado lo reciba”.

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