El PSOE muestra su satisfacción por la adjudicación de las obras del nuevo hospital de Alcañiz y la gestión realizada por el Gobierno de Aragón.

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Militantes, alcaldes y concejales del Partido Socialista en la Comarca del Bajo Aragón han mantenido una reunión en Alcañiz, en la que han mostrado su satisfacción, por el “cumplimiento de los compromisos del Gobierno de Aragón, que ha adjudicado las obras por 47 millones de euros, frente a los 390 millones que iba a costar el proyecto del Partido Popular”.

El Partido Socialista ha mostrado su satisfacción por la adjudicación de las obras del nuevo hospital de Alcañiz, y la gestión realizada por el Gobierno de Aragón al respecto. Militantes, alcaldes y concejales del PSOE en la Comarca del Bajo Aragón han mantenido una reunión en Alcañiz, en la que han mostrado su satisfacción, por el “cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno de Javier Lambán”.

En este sentido, en la reunión se destacó que “los socialistas estamos muy satisfechos porque el Gobierno de Aragón ha adjudicado las obras por 47 millones de euros, frente a los 390 millones de euros que había comprometido el anterior Gobierno del Partido Popular”. Desde el PSOE, “apostamos por un moderno centro público de calidad y de referencia, que además habrá ahorrado enormes cantidades de dinero al Gobierno y a todos los aragoneses, frente al modelo de gestión por el que apostaba el Partido Popular y que nos llevaba a los modelos fracasados puestos en marcha por el PP en comunidades como Valencia o Madrid”.

En la citada reunión también participaron el Secretario General del PSOE en la provincia de Teruel y Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén; la Coordinadora de Política Institucional de la Ejecutiva Provincial del PSOE Teruel y Consejera de Educación, Mayte Pérez, y el Secretario de Organización del PSOE Teruel y Delegado Territorial del Gobierno de Aragón, Antonio Arrufat, quienes concluyeron que “el Gobierno de Javier Lambán cumple sus compromisos con el Bajo Aragón”.

Ley de Memoria Democrática

Tanto Vicente Guillén como Mayte Pérez hicieron balance de los avances que ha supuesto el Gobierno de Lambán en estos dos años de legislatura, haciendo referencia, entre otros temas, a la aprobación del Proyecto de Ley de Memoria Democrática, basado en los principios de verdad, justicia y reparación, y que contempla la celebración del 3 de marzo como Día de la Memoria Democrática, en homenaje a las víctimas del bombardeo de Alcañiz de 1938.

En este sentido, Guillén destacó que este Proyecto de Ley se trata de un texto que quiere ser “el marco jurídico estable para implementar políticas públicas en materia de Memoria Democrática, que hagan de la memoria un elemento de sensibilización y de educación para mejorar la convivencia y mejorar la calidad de nuestra democracia a través del fomento de los valores que le son propios”.

“Ninguna sociedad puede olvidar su pasado si no quiere exponerse a repetirlo. Éste ha sido el leitmovitv, ésta ha sido la explicación, por la cual el Gobierno de Aragón ha aprobado un proyecto de Ley de Memoria Democrática basado en los principios de verdad, de justicia y de reparación. El recuerdo es fundamental, es necesario para no anestesiarnos ante el discurso de la exclusión o ante el discurso de la violencia. Ésta es una Ley definitoria de un Gobierno de izquierdas”, concluyó el Secretario General del PSOE en la provincia de Teruel, y Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén.

En esta línea, el Proyecto de Ley quiere facilitar, a través del acercamiento crítico al pasado traumático y a las profundas cicatrices que deja en la sociedad, una mejor disposición para advertir y combatir la amenaza de la guerra, el totalitarismo o cualquier otra violación grave de derechos humanos, y construir de ese modo una democracia más fuerte, justa y digna en Aragón.

Principios de la ONU

Una Ley que se enmarca, en términos generales, en el conjunto de principios redactados por la Organización de Naciones Unidas para la protección y la promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad, como ha explicado Guillén.

Tal como se explicó en la reunión, “el deber de memoria incluye además una responsabilidad ineludible para hacer comprender al conjunto de la sociedad que los principios de verdad, justicia y reparación no son un asunto de política partidista, sino que afectan a todos, y que es esencial transmitir a las generaciones venideras el legado inmaterial ligado a los valores de libertad, paz y justicia para contribuir al fortalecimiento del propio sistema democrático”.

Esta Ley aspira igualmente a mover a la reflexión sobre la ilegitimidad de cualquier idea política que utilice la violencia como medio, estableciendo una clara condena moral sobre cualquier forma de violencia. La pretensión de la misma es avanzar en la reparación del desequilibrio histórico producido sobre la memoria de los vencidos por el Estado franquista, y generar espacios de reconocimiento y dignificación de ese pasado ocultado y silenciado.

El Proyecto de Ley entiende que las instituciones de la Comunidad Autónoma deben asumir su responsabilidad en la defensa y salvaguarda de los valores democráticos a través de medidas de gestión del espacio público que faciliten el acceso al derecho de memoria que ostenta la ciudadanía. Esa responsabilidad pasa de modo ineludible por el reconocimiento de las injusticias y la debida atención hacia las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura franquista.

De igual modo, el Proyecto de Ley reconoce y ensalza el papel desplegado a lo largo de los años por parte de las entidades memorialistas en la realización de actividades de todo tipo, desde la búsqueda, localización e identificación de las víctimas, a la realización de publicaciones, pasando por multitud de actividades de investigación, concienciación y sensibilización, para impulsar la recuperación del pasado y recordar a las instituciones su deber de memoria con respecto a la ciudadanía.

 

Los objetivos que se pretenden alcanzar mediante esta Ley, como explicó el Gobierno de Aragón en su presentación, precisan del obligado concurso de las entidades memorialistas aragonesas, no sólo por el papel fundamental que han jugado en el pasado reciente, sino por el impulso que han aportado a la elaboración de esta Ley, su contribución a la consolidación de la cultura democrática y a la convivencia pacífica en nuestro territorio, y su saber y experiencia en la construcción, preservación y difusión de la Memoria Democrática en Aragón.

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