Disputas en Teruel sobre quien debe pagar los costes del departamento de Bomberos

La Diputación de Teruel emplaza al ayuntamiento de la capital a una reunión para hablar sobre el servicio de bomberos.

La institución provincial recoge la propuesta del Teniente de Alcalde de Teruel, Ramón Fuertes, para intentar llegar a un acuerdo antes de iniciar la vía contencioso administrativa.

El presidente Manuel Rando ha negado que exista polémica al respecto y que el equipo de gobierno solo busca “que se cumpla la ley”.

La Diputación de Teruel ha emplazado al ayuntamiento de la capital de la provincia a una reunión para hablar sobre la prestación del servicio de Extinción de Incendios y Emergencias en la ciudad. De este modo recoge la propuesta del teniente de alcalde del consistorio turolense, Ramón Fuertes, que ha pedido diálogo para llegar un acuerdo antes de recurrir a la vía judicial, y reitera de nuevo la voluntad que siempre ha mostrado el equipo de gobierno para negociar. La institución provincial formalizará la invitación a la alcaldesa Emma Buj de forma inmediata, con la esperanza de llegar a un punto de acuerdo para que el Ayuntamiento de Teruel participe en la financiación del servicio provincial de bomberos, que por ley le compete al ser una ciudad de más de 20.000 habitantes.

El presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando, y el vicepresidente, Alberto Izquierdo, han agradecido al Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Teruel y también diputado provincial de Ciudadanos, Ramón Fuertes, su posicionamiento público y voluntad para alcanzar un acuerdo y aseguran estar dispuestos, como siempre, a mantener cuantos encuentros sean necesarios para resolver una situación que señalan como “insostenible”.

Manuel Rando ha rechazado que exista polémica alguna sobre este tema y ha asegurado que “no se puede defender lo indefendible. Ha señalado que “la señora alcaldesa alude a un acuerdo que hay en la DGA pero mientras ese acuerdo se desarrolla, si es que se desarrolla, nuestra obligación institucional es obedecer la ley. Y la ley de bases es clara y contundente: el Ayuntamiento de Teruel debe dar servicio a sus vecinos” y ha afeado que Buj utilice al Gobierno de Aragón para “echar balones fuera”.

En esta línea, el vicepresidente Alberto Izquierdo ha señalado que el problema del Servicio de Bomberos de la ciudad de Teruel “lo tiene el ayuntamiento de la ciudad, que es el que tiene que prestar el servicio” y ha recordado que el Gobierno de Aragón tiene un convenio con el consistorio por el que le aporta financiación. Sobre la obligación del Ejecutivo aragonés en la creación de un consorcio, Izquierdo ha destacado que “hasta que en su momento desarrolle la Ley del Fuego y tengamos un cuerpo autonómico” el Ayuntamiento de Teruel tiene unas obligaciones que cumplir.

El vicepresidente ha recalcado que por parte del equipo de gobierno de la DPT “siempre ha habido una voluntad clarísima para llegar a acuerdos. Incluso desplazándose el presidente al despacho de la alcaldesa, a intentar llegar acuerdos. Y no ha habido voluntad”. Ha dicho coincidir con Ramón Fuertes en que “esto no es una cuestión de partidos políticos” y confía en que Emma Buj acuda con su teniente de alcalde a la reunión que se va a convocar.

Manuel Rando ha recordado además que el Gobierno de Aragón ya ha invertido a través del FITE mucho dinero en el servicio de Extinción de Incendios y Emergencias de la Diputación de Teruel, también en la capital. “No estamos pidiendo que el ayuntamiento de la capital se construya su propio edificio, lo cual sería muchísimo más costoso y lo podríamos hacer”, ha dicho el presidente, “hemos planteado otro tipo de soluciones”.

Rando ha señalado que tanto Emma Buj como Ramón Fuertes, de quien ha dicho que ha demostrado una “postura congruente”, son también diputados provinciales y tienen que velar por el cumplimiento de la ley y velar por los derechos tanto de la capital de la provincia como de todos los municipios. Ha apuntado que la ciudad de Teruel recibe dinero por su capitalidad y por los tributos del Estado, “por justamente tener que dar más servicios al tener más de 20.000 habitantes. Y ese dinero no lo está gastando y lo gastamos nosotros cuando nuestra competencia es dar servicio a los demás municipios de la provincia”.

El presidente ha dicho que ya se han iniciado los trámites para judicializar la reclamación y que van a seguir su curso, aunque “estaría encantado de paralizarlo si hay voluntad de llegar a un acuerdo”. “Esto no es una lucha de partidos ni de política: cada institución debe cumplir con su obligación”, ha concluido Rando asegurando: “No quiero entrar en batallitas y sí eximir a esta institución de responsabilidades, porque aunque estaremos siempre para ayudar a la ciudad, si en un momento dado no hay efectivos para atender a varias emergencias nuestra obligación es atender a los otros municipios”.

Por último, el vicepresidente Alberto Izquierdo ha apuntado que “cuando todos los partidos políticos del Ayuntamiento y la Diputación coinciden en que los que se tienen que reunir son los responsables de los servicios, que son la DPT y el ayuntamiento, y solo una persona o un partido dice lo contrario, quizá está tratando de evadir una responsabilidad millonaria con la Diputación Provincial y con todos los vecinos de la provincia”.

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