Cs reclama, recursos técnicos y humanos, «Ingreso Mínimo»

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Ciudadanos reclama al Gobierno los recursos técnicos y humanos necesarios para los ayuntamientos que gestionen el Ingreso Mínimo Vital

La formación liberal recuerda que los consistorios ya están recibiendo muchas peticiones de ayuda local, por lo que no tienen margen para hacer frente a un nuevo trámite

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Aragón ha presentado una propuesta en la que reclama al Gobierno de Aragón que inste al Ejecutivo central a proporcionar “información clara y precisa”, así como los mecanismos y recursos necesarios a las entidades e instituciones que se van a ver involucradas a lo largo del procedimiento de tramitación del Ingreso Mínimo Vital.

La formación liberal ha recordado que, según el borrador del convenio de colaboración entre el INSS y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), “los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes serán los que inicien el expediente administrativo de cada solicitante”; al tiempo que ha subrayado que éste documento “no incluye una partida destinada a que los entes locales puedan reforzar y ampliar sus plantillas de servicios sociales”.

Asimismo, Ciudadanos considera que esta situación deja a las finanzas municipales en una encrucijada, por eso es necesario que el Gobierno se comprometa a dotar de recursos necesarios a las instituciones y entidades involucradas en la tramitación del Ingreso Mínimo Vital. Días antes del comienzo del plazo de tramitación de dicho ingreso, desde el Ejecutivo no hay instrucciones claras. Los ayuntamientos ya están recibiendo una gran cantidad de peticiones de ayuda local, de manera que no tienen margen para, con el mismo personal, hacer frente a un nuevo trámite burocrático.

En ese sentido, Ciudadanos ha explicado que representantes del CSIF, sindicato mayoritario en la Administración General del Estado, se dirigió a la delegada del Gobierno en Aragón mostrando su preocupación ante la apertura de las oficinas de atención al público, que ha estado marcada por la discrepancia ante los datos que está proporcionando el Gobierno sobre las prestaciones económicas y sociales que todavía no han sido ejecutadas.

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