Teruel, Cuenca y Soria demandan una discriminación positiva para que sus territorios cuenten con banda ancha de nueva generación.

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Los presidente de las tres diputaciones provinciales  presentan sus aportaciones para mejorar las bases del plan de extensión de la banda ancha-nga (peba-nga) del ministerio de economía y empresa.

Los presidentes de las diputaciones provinciales de Teruel, Cuenca y Soria, Ramón Millán, Benjamín Prieto y Luis Rey respectivamente, han suscrito hoy un acuerdo institucional reclamando una discriminación positiva para sus respectivos territorios en la implantación y extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación.

 

Para ello, esta mañana han suscrito un documento conjunto que presentarán como alegaciones las bases de la convocatoria del Plan de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA) del Ministerio de Economía y Empresa por el que se convocan subvenciones dirigidas a las operadoras privadas que suministran internet.

 

Las tres provincias entienden que la extensión de banda ancha de nueva generación y el aumento de la cobertura de redes de comunicación representan para los tres territorios una de las mayores oportunidades para combatir las causas que han originado el decrecimiento acelerado de su población.

 

Además, los tres representantes institucionales entienden que el desarrollo de las infraestructuras tecnológicas de comunicación, en la sociedad de la información, es  fundamental para la creación de nuevas oportunidades de negocio, creación de empleo  y por lo tanto de fijación de población y mantenimiento de servicios.

 

Sin embargo, las bases de la convocatoria de subvenciones para que las operadoras presenten sus propuestas dejan algunos interrogantes sobre las verdaderas opciones que tendrían los territorios con más zonas blancas y despoblados como son las tres provincias.

 

“Tener una población tan reducida, unos territorios tan extensos y tan difíciles orográficamente nos hace menos atractivos para las operadoras a la hora de extender redes cableadas o inalámbricas y también en cuanto a las conexiones de tal forma que podríamos quedar fuera de este proceso por motivos economicistas o en el mejor de los casos, accediendo a estas tecnologías a precios desorbitados, lo que, de nuevo, nos sitúa en desventaja respecto al resto de provincias”, explica el presidente de la Diputación de Teruel, Ramón Millán.

 

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Benjamín Prieto se lamentaba de que las nuevas tecnologías no lleguen de igual manera a todos los lugares de España. “Somos determinadas provincias las que estamos sufriendo esta realidad que se traduce no sólo en una pérdida de calidad de vida, sino también de desarrollo económico y, por tanto, de población”, ha apuntado Prieto quien instaba “a que las diferentes administraciones  incentiven a operadoras y empresas para que encuentren atractivo invertir y desarrollar infraestructuras en nuestros territorios”.

 

Además, Prieto ha puesto sobre la mesa la necesidad de que se haga un seguimiento exhaustivo una vez se haga efectiva la convocatoria de las ayudas “para tener un control de la misma -ha dicho- tanto en su aplicación como en su efectividad y cumplimiento”, un aspecto éste último que se incluye en el protocolo de aportaciones suscrito entre las tres instituciones provinciales.

 

En la misma línea se ha manifestado el presidente de la Diputación Provincial de  Soria, Luis Rey, para quien “las distintas convocatorias que se han celebrado por las distintas administraciones no sirven para dar cobertura a las zonas blancas y las localidades de pequeño tamaño por  resultar poco interesantes desde el punto de vista de las operadoras quedando en manos en manos de su interés económico”, comentaba. “A partir de allí, -prosigue Rey-  en la Diputación de Soria entendemos que se está dando un fallo de mercado que provoca que hay que tomar medidas más allá de las convocatorias legislativas para garantizar el acceso a la conectividad en términos de igualdad en todos los territorios permitiendo modificaciones legislativas que hagan que no dependa sólo de las operadoras y se pueda entender como un servicio público necesario”.

 

También el vicepresidente primero de la institución turolense, Joaquin Juste, hacía hincapié en que el “objetivo de la reunión es tramismitir la realidad de las tres provincias con un único objetivo: que el plan 300×100 se cumpla”, comentaba. “Esa es -decía- la principal intención porque no queremos que el propósito que manifestó el entonces presidente Rajoy, se diluya ahora”.

 

 

Así pues, teniendo en cuenta que la gran mayoría de municipios de las tres provincias están incluidos, total o parcialmente en las llamadas zonas blancas de cobertura menor a 30 Mbit/s, en el documento suscrito esta mañana por las tres instituciones, se realizan varias aportaciones técnicas que se remitirán al Ministerio de Economía y Empresa antes del 15 de septiembre, fecha en la que concluye el plazo de exposición pública del citado documento.

 

En concreto se presentan estas aportaciones para que, de acuerdo con lo recogido en la página 60 del Acuerdo de Asociación del Estado Español con la Unión Europea para 2014-2020, se adopten las medidas normativas y presupuestarias que hagan realidad la extensión de la Banda Ancha en las tres provincias con el objetivo de paliar las desventajas que tienen a la hora de recibir servicios por parte de los operadores de telecomunicaciones.

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