Satisfacción aragonesa con el compromiso del Ministerio de Política Territorial de llevar el sobrecoste de la despoblación a la financiación autonómica

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El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, ha participado junto al comisionado para la Lucha contra la Despoblación, Javier Allué, en la primera reunión entre el Gobierno de España y las CC.AA. para elaborar la Estrategia Frente al Reto Demográfico.

El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, ha mostrado hoy en Madrid su confianza en que el Ministerio de Política Territorial cumpla el compromiso adquirido hoy y la revisión pendiente del sistema de financiación autonómica contemple los problemas demográficos como la baja densidad, el envejecimiento o la dispersión de población, de forma que compense el sobrecoste que acarrea para los servicios públicos fundamentales que prestan las Autonomías como la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales.

Guillén ha defendido así ante la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, y los consejeros y representantes del resto de Comunidades Autónomas el acuerdo suscrito en Zaragoza el pasado día 10 por seis presidentes de la llamada ‘España vacía’ -Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Aragón- para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades entre todos los ciudadanos.

El consejero aragonés ha participado junto al comisionado para la Lucha contra la Despoblación, Javier Allué, en la primera reunión convocada desde el Ministerio con las CC.AA. con el objetivo de impulsar y dinamizar de forma efectiva los trabajos necesarios para la elaboración de la Estrategia Nacional Frente al Reto Demográfico en los términos recogidos en el acuerdo alcanzado en enero de 2017 en la Conferencia de Presidentes.

El punto de partida, planteado por la comisionada del Gobierno Frente al Reto Demográfico, Isaura Leal, coincidía en términos generales con los principios planteados desde Aragón y otras Comunidades con especiales dificultades en esta materia, en el sentido de que es “una cuestión de igualdad de derechos” y también “un reto para el modelo territorial” de la Constitución, ya que estos desafíos ponen en cuestión el modelo de convivencia y cohesión social del país y abordarlos es “un ejercicio de equidad y justicia histórica y territorial”.

En la última cumbre de presidentes de la ‘España vacía’ –un foro que cada vez integra a más participantes y que representa ya más de la mitad del territorio y los municipios del país pero que sólo reúnen el 21% de la población-, también se planteó el propósito común de recabar la inclusión del reto demográfico reconocido por el Comité Europeo de las Regiones –la asamblea de representantes locales y regionales de la Unión- en el nuevo marco financiero plurianual de los 28 para el periodo 2021-2027, que está previsto aprobar definitivamente en 2019, potenciando así realmente la política de convergencia y cohesión interna.

Este propósito ha sido asumido también por la ministra Batet y la comisionada Frente al Reto Demográfico para defender conjuntamente que el próximo reparto de fondos europeos no se atenga exclusivamente al Producto Interior Bruto (PIB), sino también a los factores demográficos que encarecen los servicios públicos. Actualmente, ha lamentado Guillén, “Europa está dando la espalda a la despoblación”, aunque confía en el compromiso del Ministerio de Política Territorial para corregir esa posición.

“Ha habido una voluntad clara de asegurar la igualdad de servicios, de derechos y oportunidades en cualquier lugar del país”, ha subrayado Javier Allué al término de una reunión que, ha dicho, viene a marcar “el pistoletazo de salida” en la elaboración consensuada con las CC.AA. de la Estrategia, que al final debería plasmarse en forma de ley como un “gran pacto de Estado” que ha de ser, como ha subrayado también el consejero de Presidencia. La previsión inicial es que la Estrategia se presente en torno a la próxima primavera.

El comisionado aragonés ha confiado en que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), órgano de coordinación entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas en esta materia, asuma en su momento los planteamientos que se han hecho en el Ministerio de Política Territorial. En este sentido, ha subrayado que “no pueden caer en saco roto” ni los recientes acuerdos de seis CC.AA. de la ‘España vacía’ en Zaragoza ni la reunión de hoy en Madrid, a la que no ha faltado ninguna Comunidad. “Ningún consejero ha cuestionado aquí que el coste real de los servicios figure a la hora de repartir la riqueza con la financiación autonómica”, ha subrayado en este sentido.

Por otra parte, la delegación aragonesa también ha planteado la creación de un fondo estatal específico para combatir la despoblación, la cofinanciación nacional de las acciones que está llevando a cabo la Comunidad para extender la banda ancha de internet a todos los municipios primero en los colegios y ahora en los polígonos industriales, y por último que la Administración central respalde también financieramente la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Teruel.

Allué ha recordado que ese fondo estatal ya fue reclamado hace dos años en la llamada ‘Declaración de Cuenca’ y sobre las comunicaciones ha indicado que las actuaciones del Ejecutivo aragonés primero con el ‘Plan Conecta’ y ahora con ‘Todos Banda Ancha’ persiguen el objetivo compartido por el Ministerio de Política Territorial de “evitar la brecha digital”, de forma que la conectividad no dependa sólo de los operadores y además de los criterios de eficacia y eficiencia prevalezca el de igualdad.

Guillén por su parte ha recordado a este respecto que el Plan Nacional de Banda Ancha que presentó el anterior Gobierno de Mariano Rajoy “fue un absoluto fracaso”, y ha insistido en demandar cofinanciación estatal para las actuaciones del Ejecutivo aragonés para llevar internet de alta capacidad a todos los municipios, primero a los colegios y ahora a los polígonos industriales.

El consejero también ha puesto sobre la mesa la demanda de respaldo financiero para la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Teruel, demanda que ya planteó tiempo atrás en algunos órganos de la Unión Europea. El hecho de que Teruel sea la única ITI sin cofinanciación, ha insistido, “no es justo”.

 

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