Qué es el ingreso mínimo vital que dice preparar el gobierno y en qué se diferencia de la renta básica

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«El ingreso mínimo vital será una medida estructural, indefinida, a diferencia de todas las demás, que son temporales. Será una red de seguridad permanente para los más vulnerables”.

Así define José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, esta suerte de “renta básica” que prepara el Gobierno y que, según ha declarado también recientemente Yolanda Díaz, ministra al frente de Trabajo, la crisis del coronavirus ha propiciado que se le dé prioridad para tenerla lista “lo antes posible”, aunque aún sin concretar fechas.

¿En qué se diferencia el ingreso mínimo vital de la renta básica universal?

La renta básica universal tal y como se ha probado en otros países es una prestación universal que no discrimina entre sus receptores según sus rentas, y es una dotación con el principal objetivo de paliar los problemas de digitalización y robotización de la economía, que se cree que provocará un crecimiento del paro estructural.

Por su parte el ingreso mínimo vital es una renta de inserción, una fórmula para hacer llegar ingresos sólo a aquellos colectivos más vulnerables de todo el Estado, con cargo a la Seguridad Social. Según Eldiario.es, los socialistas ya hablaban de ella en 2015, cuando la empezaron a defender en su programa. El IMV es una “Prestación No Contributiva de la Seguridad Social, similar a las Pensiones No Contributivas» y «articulada en coordinación con el Subsidio por Desempleo, con iguales garantías, de forma que, una vez agotada la protección por desempleo, permita el paso entre ambos sistemas manteniendo siempre la cobertura de la prestación».

Una de las bazas más importantes de este IMV es la eliminación de las duplicidades de las ayudas. Por ejemplo, a día de hoy ya hay en muchas comunidades autónomas herramientas para obtener diferentes ayudas de garantías de ingresos, de las que ya se están beneficiando 780.000 personas y cuyos criterios de obtención varían mucho entre regiones. Al hacer el Gobierno que sea una ayuda estatal se pone fin a esa desigualdad del acceso y condiciones según comunidades y, de paso, se ahorran 2.000 millones de euros (según Escrivá) al estandarizar y universalizar el proceso.

¿Quién se beneficiará?

La idea es que llegue a todos los hogares más vulnerables. Según ha aducido la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, en recientes declaraciones, es posible que se empiece por las trabajadoras del hogar (un colectivo que carece de derecho a prestación por desempleo en caso de despido), cuidadoras de personas dependientes y parados que hubieran agotado su derecho a prestación. También podrían acceder a ella los autónomos que se hayan quedado en la calle aunque no tengan derecho a paro. Antes de que comenzase la crisis por el COVID-19, el Gobierno planeaba comenzar la medida dando cobertura a las familias vulnerables con hijo a cargo y luego irlo ampliando.

Por su parte, en recientes declaraciones Pablo Iglesias dijo que con sus últimos diseños la medida podría llegar a unos cinco millones de personas.

¿Cuánto percibirá cada persona y cuánto le costará al Estado?

Aún no han querido hacer el anuncio sobre la cantidad. Sí que han indicado que se pondrá el énfasis en la renta y en las tipologías de hogares: las familias monoparentales y las que tengan hijos a cargo percibirán más que las que no.

En su último programa Podemos hablaba de su deseo de lanzar un “ingreso básico garantizado” de entre 600 euros por individuo y hasta un máximo de 1.200 por hogar, que estimaban en un coste de 10.000 millones de euros anuales y que llegaría a diez millones de personas. Cuando el PSOE habló de esta propuesta en 2015 hablaba de una ayuda mensual de 426 euros para familias en situación de necesidad.

Tampoco se conoce cuál será el coste final, aunque hay algunas cifras que pueden ayudar a hacer estimaciones. En los presupuestos que el Gobierno iba a presentar para el 2020, el presidente quería incluir una partida de 3.400 millones para sufragar el primer paso de esta medida. Además, según las últimas informaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), esta ayuda costaría “unos 5.500 millones de euros”, un saldo final al que ya se le habría descontado el ahorro que supondría el fin de las mentadas duplicidades con respecto a las ayudas autonómicas y municipales.

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