La reforma del sistema de módulos sigue siendo urgente, pero vuelve a sufrir otro retraso más.

No cabe duda que el fraude fiscal sigue siendo una de las mayores lacras de las sociedades actuales, ya que retraen recursos públicos que dificultan el desarrollo de los modernos sistemas de bienestar. Y aunque formas de fraude fiscal hay muchas y muy sofisticadas, lo cierto es que algunos sistemas contribuyen más que otros a que el fraude fiscal se consolide como una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos españoles.

En este sentido, uno de los sistemas que mayor fraude fiscal está provocando es, sin duda, el sistema de estimación objetiva, más conocido también como módulos. Se trata de un sistema de tributación a través del cual se calculan los rendimientos netos del negocio en función de una serie de criterios objetivos, tales como los metros cuadrados del local, el número de empleados o el consumo eléctrico, en lugar de los ingresos y gastos reales. Bajo este sistema, en la actualidad, tributan 457.354 contribuyentes que declararan un rendimiento neto de 10.416 euros

Aunque la intención de este sistema es simplificar la gestión tributaria, tanto para la Agencia Tributaria como para la empresa, en la práctica es un auténtico nido de fraude fiscal, pues las empresas pueden utilizar esta estimación en su beneficio para emitir facturas falsas por servicios o productos no entregados a otras empresas y que éstas puedan beneficiarse de la deducción de un gasto no realizado.

Por esta razón, el sistema de módulos lleva mucho tiempo en el punto de mira del Gobierno. En 2015, se preveía una reducción de los límites máximos que le dan derecho a un empresario a acogerse a este sistema, de 450.000 a 150.000 euros a través de un régimen transitorio de tres años que reducía de manera progresiva estos límites. Es decir, solo los autónomos o empresarios que estén por debajo de la citada cantidad podían utilizar el sistema de módulos y tributar por él, lo que en la práctica restringe este sistema a un número muy limitado de negocios pequeños, mucho más fáciles de ponerles coto.

Se preveía que 2018 fuese el ejercicio en el que acabase este régimen transitorio y se redujesen los límites finalmente hasta los 150.000 euros (ahora mismo ese límite es de 250.000). Sin embargo, y después de una orden ministerial publicada por Mariano Rajoy, esta reforma verá retrasada su aplicación durante, al menos, un ejercicio más.

Para alguna de las asociaciones de autónomos, como UATAE, este nuevo retraso supone una muestra más de la “falta de sentido estratégico y de la improvisación del ejecutivo”. María José Landaburu, secretaria general de esta organización, explica que el Ministerio de Hacienda y Función Pública no ha dado argumento alguno en ninguno de los tres retrasos, que sería clave para reducir el fraude fiscal existente bajo el paraguas de este sistema.

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