La Comarca del Bajo Aragón reclamará al gobierno central poder gastar el superávit que asciende a 174.442,13 al cierre de 2018.

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A partir de una moción presentada por el Partido Aragonés, el pleno de la institución comarcal ha aprobado por unanimidad como declaración institucional una propuesta que supondría una inyección económica inmediata de 137 millones para las entidades locales de la provincia

La Comarca del Bajo Aragón ha aprobado una declaración institucional, a propuesta de una moción del Partido Aragonés, para reclamar al Gobierno central que apruebe decretos y modificaciones legislativas que permitan liberar los 137 millones de euros de superávit de 2018 de las entidades locales de la provincia -ayuntamientos, comarcas y Diputación de Teruel- para dedicarlos a inversiones necesarias para sus vecinos.

La iniciativa ha salido adelante a partir de la moción que el Partido Aragonés está llevando a los plenos de las entidades locales de la provincia para lograr que el Gobierno central adopte los cambios normativos necesarios para liberar estos fondos que, en el caso de la Comarca del Bajo Aragón, ascienden a 174.442,13 y que con el cierre del 2019 se seguirán incrementando estos importes.

El portavoz del Partido Aragonés en la Comarca del Bajo Aragón, José Manuel Insa, ha señalado que ““es una ley que nos limita totalmente a los ayuntamientos pequeños nuestra actividad y teniendo dinero en el banco, nos no nos permite dar a los ciudadanos los servicios que son tan necesarios”.

“Es lamentable” ha subrayado “que a ayuntamientos y comarcas con déficit de servicios no se nos autorice a disponer de los remanentes que tenemos en los bancos por una ley hecha para rebajar el déficit nacional de las administraciones públicas””. Y ha destacado además que “para solucionar la despoblación, más que dinero que en parte lo tenemos inmovilizado en las cuentas bancarias, es imprescindible que las zonas afectadas por la despoblación tengan una  discriminación positiva en las leyes que nos obligan al tener las mismas obligaciones que las zonas pobladas y urbanas”.

 Entre los 20 municipios que conforman la institución el dinero que se liberaría 7.183.299,32  y con la comarca estos cambios ascendería a 7.357.741.45 €.

La moción aprobada recoge la petición al Gobierno de España, con respecto al superávit, que de manera urgente apruebe un decreto ley que permita destinar inmediatamente el superávit presupuestario obtenido en el año 2018 a inversiones financieramente sostenibles.

Además, recoge que en el momento que existan unos presupuestos aprobados del Estado, se incluya una modificación en la ley orgánica 2/2012 para habilitar el destino del superávit de las corporaciones locales de la “España vaciada” a cualquiera de sus competencias permitidas, incluyendo especialmente todo lo relacionado con el fomento del empleo, inversión en el medio rural y cuantas medidas contribuyan de manera directa o indirecta contra la despoblación.

Sobre la Regla de techo de gasto, la moción reclama aprobar de manera inmediata un real decreto ley, específico para zonas despobladas que permita excepcionalmente flexibilizar la regla de techo de gasto en las entidades locales que hayan cumplido la normativa.

Los alcaldes y concejales del Partido Aragonés están llevando esta moción para su debate a las entidades locales en las que están representados -ayuntamientos y comarcas- después de que se aprobará como declaración institucional en el pleno ordinario del mes de enero de la Diputación de Teruel.

En el pleno provincial, la portavoz del Partido Aragonés, Berta Zapater, detalló que 137.400.732,1 millones de euros de todos los ayuntamientos, comarcas y de la Diputación de Teruel están en las entidades bancarias, según los datos de 2018 ya que los de 2019 se conocerán en marzo o abril, y previsiblemente serán más millones. Se trata de 1.026,57 euros por habitante de la provincia de Teruel que “podrían reinvertirse sin pedir a ningún sitio. No se trata de que se destine más dinero a ayuntamientos, comarcas y Diputación de Teruel sino de poder gastar el que tienen” subrayaba Zapater.

El problema se agrava además porque a partir de 2020 las entidades bancarias ya han avisado de que comenzarán a cobrar un 0.4% del total de los depósitos que tienen las administraciones públicas. “En la provincia de Teruel eso supondrá algo más de 693.602 euros que perderemos de poder invertir” ha añadido la portavoz del PAR en la institución provincial.

Texto de la moción

La moción recoge que desde la implantación de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) la regla fiscal que limita el déficit público de carácter estructural y limita la deuda pública, las administraciones públicas han ido limitando el gasto y reduciendo la deuda pública hacia el equilibrio presupuestario.

Pero transcurridos ya más de siete años desde la aprobación de la actual normativa de estabilidad, el PAR considera, según recoge la moción, que “es urgente garantizar la aplicación homogénea de esta normativa en los diferentes territorios”. Así, continúa el texto, “los ayuntamientos que disponen de superávit al cierre de sus cuentas no deberían esperar a que el Estado disponga de unos Presupuestos Generales aprobados, o a que el Ejecutivo del momento tenga a bien aprobar la norma que habilite a las Entidades Locales a utilizar, en beneficio de sus propios vecinos, unos recursos económicos que han sido generados por la gestión realizada por esos propias entidades”.

La moción continúa señalando que, en aquellos ayuntamientos, diputaciones provinciales, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid y Bilbao o la Diputación Provincial de Barcelona, por ejemplo, donde se aprecia riesgo de incumplimiento, “es necesario que se adopten las medidas oportunas, pero en aquellas corporaciones locales, como es el caso de todas de la provincia de Teruel, es importante que se permita que esos remanentes de tesorería puedan destinarse a revertir la inversión en el territorio”, no solo con inversiones financieramente sostenibles, sino “permitiendo de manera extraordinaria destinar los más de 137 millones que en estos momentos están depositados en las entidades bancarias, en riqueza para un territorio, en medida concreta contra la despoblación”.

 

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