El Justicia de Aragón presenta su Informe de 2018

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El Justicia de Aragón presenta su Informe de 2018:  renovación en la Institución, continuidad en su función.

 

Ángel Dolado ha entregado  a la Presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, el Informe Anual correspondiente a la actividad de la Institución durante el pasado año.

Un 2018 marcado por la renovación del titular de la Institución el pasado 20 de abril, pero en el que ha existido una continuidad en las funciones que nuestro Estatuto encomienda al Justicia de Aragón: la defensa de derechos y libertades de la ciudadanía aragonesa y la tutela del ordenamiento jurídico aragonés.

En la primera de ellas ya se pueden apreciar ambos conceptos, pues si bien se han mantenido de forma cualitativa la atención a los ciudadanos en sus reclamaciones, este Informe da cuenta de una reducción cuantitativa en su número: pasando de las 2.938 quejas de 2017 a 1.784 expedientes en 2018.

Esto se debe a que el nuevo Justicia entendió que debían tramitarse como un único expediente aquellas quejas que, aunque presentadas de forma individual, se referían a una misma cuestión, e igual criterio se ha seguido cuando se han presentado quejas con pluralidad de firmantes afectados. Esta medida supone una reducción muy considerable en el cómputo del número total de expedientes en relación con ejercicios anteriores.

Puede servir de ejemplo las quejas recibidas la semana pasada, 616 sobre infraestructuras y servicios socio sanitarios en la provincia de Teruel, que están siendo resueltas en 2 expedientes, con independencia de que la gestión de estas se comunique a la totalidad de ciudadanos que las plantean.

Igualmente, se han reducido sistemáticamente a lo mínimo imprescindible los expedientes efectuados de oficio que ascendieron a 64 frente a las 169 de 2017.

Sin embargo, se aumenta el número de Sugerencias y Recomendaciones que fueron 221 en 2017 y de 237 en 2018.

De las 237, fueron 106 aceptadas, 31 no aceptadas, 15 no contestadas y 85 pendientes de respuesta por parte de las administraciones correspondientes.

Este cambio sustancial en el sistema de cómputo de expedientes nace de la premisa como objetivo de que la Institución “solucione problemas y no tramite expedientes”, y que ello es posible hacerlo mediante diversas técnicas de actuación, a veces mucho más allá que la simple queja, tramitación y resolución.

Por ello, se ha entendido igualmente que, junto a la actuación “reactiva” ante la situación que puede vivir un ciudadano concreto, se debe actuar de forma “proactiva” en la defensa de los derechos y libertades de los aragoneses, y para ello se debe procurar una actuación preventiva y de educación ante las administraciones públicas sujetas a supervisión.

En este sentido se ha procedido a mantener múltiples entrevistas por parte del equipo del Justicia con distintos responsables de las oficinas administrativas que tramitan los requerimientos del Justicia, como forma de tener un conocimiento y comunicación directa que ha servido para facilitar la tramitación de expedientes, reduciendo de forma exponencial la técnica hasta entonces seguida de múltiples recordatorios en formato papel y postal, lo que  ha llevado igualmente a una considerable disminución en la dilación de los expedientes y un ahorro en los costes, así como una evitación de nuevas quejas de idéntico contenido.

Igualmente, se ha implementado un sistema de clasificación e información en las peticiones de los ciudadanos que, de forma presencial, se han venido presentando tanto en la sede de Zaragoza, como en las delegaciones de Huesca y Teruel, potenciando el área de atención a la ciudadanía.

De esta forma, se ha orientado al ciudadano sobre cual es la administración u entidad a la que debería dirigirse cuando no es competencia de la Institución, creando para ello un catálogo de recursos ciudadanos, consiguiendo además de evitar falsas esperanzas al administrado, no abrir nuevos expedientes sabedores de su seguro archivo, a excepción hecha de aquellas cuestiones competentes al Defensor del Pueblo, que se trasladan desde la Institución de manera directa.

Por último, en cuanto a esa inmediatez de respuesta ante las inquietudes ciudadanas, independiente de la interposición de las correspondientes quejas, debemos destacar la actividad en dos áreas que han sido gestionadas de una forma específica a cada una de ellas.

En primer lugar, el Informe Especial sobre la situación de la provincia de Teruel, dirigido y coordinado desde dentro de la Institución por el Lugarteniente Javier Hernández García, fue asumido en la primera semana de mayo tras las reivindicaciones de “Teruel Existe”. En el estudio se analizan las potencialidades y carencias de Teruel y provincia, y posibles soluciones al tema de la despoblación.

En segundo lugar, la situación de nuestros mayores en situación de soledad no elegida ha sido epicentro de una mesa de trabajo, que hemos querido denominar “Mesa del Justicia”, pues hemos reunido en torno a nuestra Institución a cuantos agentes sociales, políticos y económicos venían trabajando en la materia con el fin de compartir información, experiencias y, sobre todo, coordinar la actividad de todas ellas en nuestra Comunidad.

Por último, hay que destacar por haber sido iniciados en 2018, las gestiones ante nuestras Cortes de Aragón para la asunción de la Defensoría del Menor en el seno de la Institución, el compromiso proactivo con las entidades que luchan contra los Trastornos de Conducta Alimentaria, y la atención preferente a colectivos con discapacidades físicas o intelectuales y un impulso a la mediación precontenciosa.

Habida cuenta de su publicación en la web de la Institución, no se incluyen en el Informe Anual la totalidad de sugerencias de tal forma que este Informe Anual de 2018 lo componen 262 páginas, (en 2017 suponían 2.118 páginas) y sólo recogen aquellas sugerencias más destacadas bien por su valor jurídico o por la traslación en forma de derecho que puede suponer para la sociedad aragonesa en general.

A modo descriptivo, de las materias tratadas, creemos que hay que destacar de aquellas que han sido objeto de la apertura de queja de oficio por su importancia las siguientes:  un estudio especial sobre la situación de los puntos de encuentro familiar, la guía sobre consumo de drogas editada por el Ayuntamiento de Zaragoza, las visitas a residencias y centros de atención al mayor realizadas junto a las direcciones provinciales del IASS, la atención a las mujeres y menores victimas de la violencia de género, la notificación de resoluciones derivadas del impago del impuesto de contaminación de las aguas o la homologación de las costas de los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón  a los correspondientes en turno de oficio.

Igualmente, los ciudadanos han trasladado sus quejas de forma mayoritaria en las siguientes materias:

Agricultura Ganadería y Montes:  procesos de concentración parcelaria y relaciones de las comunidades de regantes con asociados.

Economía y Hacienda: reclamaciones sobre el Impuesto de Contaminación de las Aguas, Impuesto sobre la Plusvalía Municipal (indicándoles que deben acudir a contencioso-administrativo) y comprobación de valores catastrales.

Sanidad: reclamaciones por falta de información tanto en tiempo como en forma, listas de espera en neurocirugía e hipertrofia mamaria, odontología para discapacitados, acceso a las historias clínicas, transporte sanitario, salud mental y falta de recursos humanos y materiales en algunas áreas, especialmente en la provincia de Teruel, así como pediatría en Andorra y especialidades en C.E. Grande Covián.

En este apartado destacan las quejas respecto al asunto iDental, que se han tramitado hasta la judicialización de este.

Industria y Comercio: quejas especialmente ante la gestión de las empresas comercializadoras de energía eléctrica: cambios tarifarios, cortes de suministro….

Vivienda: necesidad de ampliar las bolsas de vivienda social, desahucios, mediación hipotecaria y coordinación entre administraciones en asuntos de convivencia vecinal.

Urbanismo: planificación urbanística, cesión de locales públicos, terrenos dotacionales y especialmente la inactividad de algunos ayuntamientos en materia de sanciones en disciplina urbanística.

Medio Ambiente: vertidos y calidad de las aguas, gestiones con la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Obras Publicas: justiprecios por expropiaciones, desperfectos en fincas particulares por obras municipales.

Educación: proyectos de tiempos escolares, escolarización especialmente tras la bajada de la ratio a 22 alumnos en educación infantil, escasez de plazos administrativos o inexistencia de tramitación de instancias de forma personal, plazas de ACNEAE, becas y ayudas con demora o inexistencia para los alumnos aragoneses que cursan estudios que no se ofertan en la Comunidad o transporte escolar.

Cultura, Patrimonio y Deporte: reclamaciones sobre estado de bienes de interés cultural, reclamaciones sobre textos educativos con referencias históricas incorrectas y plazas reservadas para deportistas de alto rendimiento.

Bienestar Social: prestaciones; Ingreso Aragonés de Inserción y Ayudas Municipales de Emergencia, ayuda a domicilio y la compatibilidad de ésta con el uso de centros de día. Bono social eléctrico, lista de espera en dependencia y plazas residenciales de mayores, diferencias en el copago de las residencias.

Empleo y Seguridad Social: políticas activas de empleo y pensiones no contributivas, falsos autónomos y ley de segunda oportunidad.

Interior y Justicia:  una mayor incidencia en las sanciones y errores en la señalización viaria, quejas por la proliferación de nuevos elementos de movilidad urbana, así como consultas sobre justicia gratuita.

Empleo Público: uso de procesos de selección vía INAEM en lugar de bolsas de empleo, plazos para alegaciones en concursos oposición, cupos de discapacidad.

En otro orden, dentro de la Defensa de los Derechos Políticos, destacan los expedientes que hacen referencias a las quejas de ediles por falta de acceso a la información y participación en órganos de gobierno, donde destaca la presentada por grupos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza para la convocatoria de una Junta de Portavoces, cuya Sugerencia fue admitida por dicho consistorio.

Dentro de las funciones de promoción de la transparencia y buen gobierno, el Lugarteniente del Justicia participa de forma habitual como miembro del Consejo de Transparencia de Aragón, así como tal y como exige la legislación aragonesa, el Justicia tiene un especial apartado en su informe referido a la Igualdad, marcando las referencias de género en sus actuaciones.

En materia de menores, se procederá en los próximos meses a elaborar un amplio informe especifico.

Fuera de los cauces administrativos habituales de la Institución, se ha buscado la potenciación de la figura de la mediación, teniendo una especial incidencia en cinco casos: situación de contenedores en Peralta de Alcofea, acogida de un menor en Calatayud, señalización publica en un centro de Benasque, acoso escolar a un menor en Gallur y de forma constante en la relación de consumidores con sus empresas comercializadoras de energía.

Por último, el Informe da cuenta de la Tutela del Ordenamiento Jurídico Aragonés con la emisión de informes sobre proyectos de ley emanados del Consejo de Gobierno de Aragón, la recopilación que las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en materia de Derecho Foral, las sentencias del Tribunal Constitucional que afectan a la Comunidad,  así como de la difusión del Derecho Foral a través de publicaciones propias, colaboraciones en ediciones periódicas, así como charlas y conferencias sobre nuestro derecho propio desde una perspectiva practica para el público en general, y la celebración de los vigésimo octavos encuentros del Foro de Derecho Aragonés para el análisis de expertos en la materia.

En materia de recursos humanos y materiales, ha de destacarse la reducción de costes en todos los capítulos, así como la redistribución entre ellos en aras a una mayor eficiencia, usando medios propios en todos los casos en que nuestra estructura puede realizarlos y eliminando al mínimo imprescindible cualquier tipo de externalización de trabajos o servicios. Así mismo, se han tomado medidas de reducción energética a favor de una sostenibilidad económica y medioambiental mayor.

Tanto el Informe Anual completo como las diferentes sugerencias se encuentran a disposición pública en la web www.eljusticiadearagon.es

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