Ciudadanos reclama al Gobierno mecanismos de fiscalización para evitar la malversación de las ayudas las comarcas mineras

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·La formación liberal lamenta que estos fondos “hayan favorecido el clientelismo político en vez de actuaciones de calado en las zonas afectadas”

El Grupo de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados ha reclamado al Gobierno la puesta en marcha de mecanismos de fiscalización y evaluación para evitar la malversación de fondos destinados la minería, tal y como ha sucedido con las Ayudas para la Reactivación de las Comarcas Mineras.

Por ello, Ciudadanos ha presentado una pregunta al Ejecutivo para que exponga su postura sobre los resultados del informe del Tribunal de Cuentas y para que explique qué medidas ha tomado, tanto para evitar la malversación de estos fondos como para evaluar la eficacia del dinero destinado al Instituto para la Reestructuración de las Minerías del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.

Recientemente se ha hecho público el Informe de Fiscalización sobre las Ayudas a la Reactivación de las Comarcas Mineras; las transferencias percibidas por parte de los territorios afectados por el cierre de la actividad minera del carbón en España con el objeto de promover la reactivación de su actividad económica y el mantenimiento del empleo local. El informe concluye que en los ejercicios de 2006 a 2017 el descontrol en las ayudas fue palpable. Unos 1.700 millones de euros se han movido de forma “ineficiente”, “irregular”, “discrecional” u opaca.

Para Ciudadanos, estos hechos “vuelven a poner de relieve el auténtico drama de las comarcas mineras”; donde a pesar de la enorme politización que vive el sector minero, “no se han realizado actuaciones de calado realmente útiles para posibilitar la actividad económica en las zonas, condenando a estos territorios a la despoblación”. La formación liberal considera que, precisamente, “su utilización partidista ha dado lugar a una suerte de clientelismo político, más relacionado con la concesión de prebendas a cambio de favores políticos que en proporcionar a los ciudadanos un futuro laboral”.

Los proyectos carecían de los elementos esenciales al no definirse objetivos ni indicadores para constatar la evaluación de los mismos, tampoco se cuantificaban ni metas ni resultados. El Tribunal de Cuentas resaltó la inexistencia de exámenes de viabilidad de las actuaciones a financiar, la ausencia de control sobre la posibilidad de que los proyectos adjudicatarios ya hubieran percibido ayudas previas, ausencia de documentación técnica a aportar, etc.

El Tribunal señalar además que el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, encargado de gestionar los fondos, carecía de medios técnicos y humanos suficientes para gestionar el volumen tan amplio de fondos. Sorprende asimismo que el Instituto careciera de representación en las mesas regionales de la minería.

El Tribunal apunta además que, entre las múltiples deficiencias, existía un excesivo grado de discrecionalidad en la política de subvenciones. También se destacan obras subvencionadas que se ejecutaron sobre terrenos de los que el ayuntamiento beneficiario no era propietario, lo que incumplía uno de los requisitos para obtener la subvención, en otros tantos casos se detectó hasta un triple incumplimiento de la contabilidad pública.

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