Caja Rural de Teruel e Iberaval facilitarán la financiación de autónomos y PYMES

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Ambas entidades han firmado un convenio con el que se comprometen a financiar operaciones por valor de 2 millones de euros

Caja Rural de Teruel y la sociedad de garantía (SGR) Iberaval, han suscrito un acuerdo con el objetivo de proporcionar financiación a autónomos y pymes en condiciones favorables. Este convenio permitirá formalizar operaciones por valor de 2 millones de euros a través de préstamos y líneas de crédito, además de los servicios de leasing y renting, con el objetivo de impulsar proyectos empresariales.

La rúbrica ha sido realizada de forma telemática por David Gutiérrez y Pedro Pisonero, directores generales de Caja Rural de Teruel e Iberaval respectivamente. Con esta firma, ambas entidades profundizan también en el objetivo compartido de facilitar instrumentos financieros de apoyo a autónomos y la pequeña y mediana empresa a partir de un abanico de productos y condiciones ventajosas para la obtención de liquidez y recursos.

El acuerdo establece que las pymes y autónomos clientes de Caja Rural de Teruel van a poder acceder a la garantía de Iberaval y beneficiarse así de las líneas específicas con ese límite de hasta 2 millones de euros y con amplios plazos de devolución que van de los cinco a los quince años, dependiendo de la modalidad elegida.

Sobre Iberaval

Iberaval es la sociedad de garantía líder en número de socios de toda España, con más de 29.300 pymes, autónomos y emprendedores a los que aporta financiación, y formalizó préstamos durante el pasado año por casi 320 millones de euros.

La sociedad de garantía -una de las 18 que operan en España- cuenta entre sus principales ventajas, a juicio de los usuarios, un ágil acceso a la financiación, el asesoramiento empresarial y la mejora de condiciones en los plazos de amortización.

La sociedad de garantía ha impulsado en los últimos meses diferentes acuerdos institucionales con asociaciones y empresas, lo que ha permitido aprobar operaciones de financiación empresarial durante el periodo COVID-19, esto es, desde que el Gobierno de España declaró el estado de alarma en nuestro país.

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